En el marco de la coyuntura presupuestaria que afecta a las administraciones regionales a nivel nacional, el consejero regional por la provincia de Melipilla, Javier Ramírez, se refirió a las dificultades financieras que enfrenta el Gobierno Regional Metropolitana de Santiago (GORE) y los gobiernos subnacionales del país.
De acuerdo con la autoridad regional, la situación responde al escenario financiero de la nación y a la implementación de un recorte presupuestario de cerca del 7% por parte del Gobierno Central.
Esta disminución de recursos representa un ajuste en la capacidad de planificación e inversión en las comunas.
El consejero advirtió que la reducción presupuestaria genera un problema de flujo de caja que incide directamente en los municipios, contratistas y pequeñas y medianas empresas (Pymes) a cargo de las obras públicas.
Entre las iniciativas afectadas en la zona rural, Ramírez ejemplificó el caso del proyecto de techado para cuatro escuelas rurales en la comuna de San Pedro, con montos proyectados de entre 300 y 400 millones de pesos, así como obras que requieren reasignación o continuidad de financiamiento.
Según explicó, aunque existen compromisos acordados mediante proyecciones anuales, las variaciones en el presupuesto obligan a reevaluar el calendario de ejecución de los proyectos.
Frente a este escenario de restricción presupuestaria, el representante provincial sostuvo que la administración regional deberá priorizar las asignaciones de fondos, concentrándose en necesidades urgentes y básicas para la población como agua potable, alcantarillados, ambulancias y transporte.
Bajo esta premisa, le preguntamos directamente al Consejero Regional Javier Ramírez, por las obras del estadio municipal de Melipilla, indicando que en caso extremo y de recortes el gobernador Orrego debería priorizar.
El consejero regional concluyó que un ajuste presupuestario de esta magnitud representa una desaceleración en el cumplimiento de las expectativas y metas fijadas para la región.
Agregó que este escenario demanda una gestión rigurosa en la distribución del gasto público con el objetivo de resguardar el desarrollo de las localidades y la calidad de vida de sus habitantes.
