El Presidente José Antonio Kast cuestionó este jueves las modificaciones realizadas al penal Punta Peuco durante la administración de Gabriel Boric, y aseguró que su gobierno ya trabaja en un “ordenamiento” del sistema penitenciario para volver a separar a ex uniformados condenados por violaciones a los Derechos Humanos del resto de la población penal.
Las declaraciones fueron emitidas durante un conversatorio ciudadano en Copiapó, donde el Mandatario criticó el cambio implementado en noviembre de 2025, escuchemos parte de las palabras del mandatario.
En ese contexto, adelantó que el Ejecutivo analiza medidas administrativas, aunque sin entregar detalles sobre eventuales modificaciones concretas al régimen actual de Punta Peuco.
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La ministra May Chomali expresó preocupación por la indicación impulsada por el Gobierno que busca obligar a hospitales, colegios y otros organismos a entregar información sobre migrantes en situación irregular para facilitar procesos de expulsión.
La propuesta fue presentada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y contempla que instituciones como Fonasa, Isapres, AFP, hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles remitan antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones.
En conversación con Radio 13c, Chomali afirmó que el Ministerio de Salud observa la medida “con bastante preocupación”.
Las declaraciones de la ministra evidenciaron diferencias dentro del Ejecutivo respecto a la iniciativa, que ha generado debate por sus posibles efectos en el acceso a salud y educación de personas migrantes en situación irregular.
Incluso también durante esta mañana en entrevista con Agricultura, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, respecto a la iniciativa dijo que “todo sirve”:
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La Corte Suprema confirmó este jueves el rechazo al recurso de amparo presentado por la defensa de Hernán Meneses, estudiante de 18 años imputado por el homicidio de una inspectora y otros cuatro homicidios frustrados ocurridos en el Liceo Obispo Silva Lazaeta de Calama.
Con esta resolución, el máximo tribunal mantuvo vigente el proceso penal contra el joven, descartando la solicitud de la defensa que buscaba suspender el procedimiento argumentando una eventual inimputabilidad por enajenación mental. El fallo ratificó lo previamente resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Pese al rechazo del recurso, la Corte ordenó al Juzgado de Garantía solicitar al Servicio Médico Legal un peritaje exhaustivo sobre las facultades mentales del imputado, con el objetivo de despejar cualquier duda técnica durante el desarrollo de la investigación.
