El proceso de modernización y formalización tributaria para las ferias libres de Chile experimentó un cambio en su calendario.
Tras una reunión sostenida entre el ministro de Economía y Luis Soto, presidente de la Feria Libre de Melipilla, el Gobierno central accedió a postergar la entrada en vigencia de la ley que obliga a estos comerciantes a utilizar máquinas de cobro electrónico.
La fecha límite, que originalmente vence el próximo 30 de junio, se extendió de manera definitiva hasta el 31 de diciembre de 2026.
La solicitud de aplazamiento se fundamentó en la falta de información y de capacitación técnica que aún afecta a un porcentaje significativo de los trabajadores de la feria.
A pesar de las dificultades en su implementación práctica, la directiva de la feria de Melipilla califica la normativa como beneficiosa debido a las condiciones de excepcionalidad que contempla.
Se trata de un régimen tributario exclusivo para los feriantes que reemplaza el pago del impuesto al valor agregado general del 19 por ciento por una tasa única del 1,5 por ciento sobre las ventas realizadas a través del dispositivo electrónico. Este porcentaje recaudado se destina de forma directa al fisco.
El diseño de este sistema elimina la necesidad de contratar los servicios de un contador y exime a los usuarios de la obligación de emitir facturas, lo que simplifica la carga administrativa de los puestos.
Los cobros de los terminales de venta operan bajo dos modalidades en el mercado chileno. Mientras algunos bancos ofrecen el arriendo del equipo por un costo aproximado de 25 mil pesos mensuales, BancoEstado dispone de una oferta de compra del dispositivo por un pago único de 39 mil 900 pesos, precio preferencial que se activa al agrupar a más de 50 comerciantes de una misma organización y que representa una rebaja respecto a su valor comercial habitual de 79 mil 900 pesos.
La dirigencia de Melipilla mantiene gestiones vigentes para incorporar modificaciones al reglamento antes de su aplicación definitiva.
Las peticiones formales presentadas al Ministerio de Economía buscan dejar exentos de la obligación de pago electrónico a los adultos mayores, a las personas con dificultades de lectura y escritura, a quienes posean discapacidades visuales y a aquellos comerciantes que registren ventas inferiores a los 300 mil pesos mensuales a través de la ley sustitutiva.
Finalmente, la estructura de esta ley especial de formalización genera un efecto restrictivo en las transacciones mayoristas con otros comercios establecidos.
Al no permitir la emisión de facturas, los dueños de almacenes de barrio que se abastecen en las ferias libres no podrán registrar el crédito fiscal de sus compras.
