Un operativo desarrollado por la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) de la PDI permitió desarticular una organización familiar investigada por obtener devoluciones fraudulentas de impuestos, causando un perjuicio fiscal cercano a los $800 millones.

De acuerdo con la indagatoria, la organización captó a un total de 213 personas, solicitando RUT y Clave Única bajo la promesa de un supuesto negocio legal. Posteriormente, utilizaban esa información para gestionar devoluciones tributarias irregulares y pedían transferir gran parte de los recursos obtenidos a cuentas asociadas a la agrupación.

Más detalles fueron entregados por el Fiscal Regional Occidente, Mascos Pastén:

El procedimiento además permitió la incautación de vehículos, documentación, un arma de fuego, municiones y otras especies. También se congelaron más de 50 productos bancarios. Los imputados serán formalizados por asociación criminal, falsificación documental, obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos y lavado de activos.

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Durante la madrugada de este martes fue detenido Jorge Huenchullán Cayul, werkén o vocero de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, en un procedimiento denominado “Operación Tridente”, desarrollado por la Policía de Investigaciones con apoyo de Carabineros y el Ejército. En el operativo también fue detenida su pareja, Carolina Padilla Manquel, y ambos fueron trasladados en helicóptero hasta Victoria.

Huenchullán, de 49 años, se mantenía prófugo desde 2021 y registraba dos órdenes de detención vigentes: una por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, y otra por una causa vinculada a usurpación no violenta. Su pareja, en tanto, mantenía una orden pendiente por tráfico en pequeñas cantidades.

Respecto al operativo, se refirió la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner.

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Las llamadas de cobranza extrajudicial volverán a aparecer como comunicaciones telefónicas normales luego de una modificación publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en el Diario Oficial. Con este cambio, este tipo de contactos ya no deberá utilizar los prefijos 600 o 809 que identificaban llamadas asociadas a servicios específicos.

La medida surge luego de que la Corte Suprema acogiera recursos presentados por la Asociación Gremial de la Industria de Retail Financiero A.G., entidad que argumentó que las gestiones de cobranza no podían ser consideradas publicidad ni comunicaciones de carácter masivo o spam.

Con esta modificación, las empresas de cobranza y entidades financieras ya no estarán obligadas a identificar este tipo de contactos mediante los prefijos especiales que habían sido implementados para diferenciar determinadas llamadas.