Lo que debía ser una jornada clave para avanzar en el fortalecimiento de la seguridad pública en Chile terminó convirtiéndose en un escenario de indignación y reproches cruzados.

El Congreso Nacional fue testigo de un hecho calificado por diversos sectores como un “bochorno”: la ausencia total de representantes del Gobierno en una sesión crítica de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se discutía un proyecto fundamental para el incentivo y la mejora de la carrera de Carabineros de Chile.

La indignación no tardó en manifestarse, y lo hizo desde distintos sectores del arco político, evidenciando que el malestar por la falta de gestión y presencia estatal es hoy una sensación transversal.

Por un lado, desde la oposición, el diputado Raúl Leiva (representante del Distrito 14, que abarca las provincias de Melipilla, Talagante y Maipo) no ocultó su frustración. Para el legislador, resulta inaceptable que, tras múltiples urgencias legislativas y en medio de una crisis de seguridad que apremia al país, no existiera ni una sola autoridad del Ejecutivo para defender y dar curso a un proyecto que busca entregar mayores recursos y movilidad interna a la institución policial.

Su crítica apuntó a una falta de alineación entre el discurso proseguridad del Gobierno y sus acciones reales en el Parlamento.

Sin embargo, el golpe más inesperado para La Moneda vino desde sus propias filas. Un senador oficialista, tradicionalmente alineado con la actual administración, se sumó al coro de críticas con una dureza inusual.

Para el parlamentario Rodolfo Carter, este episodio no fue un simple descuido de agenda, sino una muestra de desprolijidad que daña profundamente la credibilidad del sector ante la ciudadanía y ante los propios uniformados.

La conclusión de la jornada en Valparaíso fue clara: la seguridad no puede esperar y las formas en política importan. La ausencia de ministros y subsecretarios en una comisión de tal relevancia fue interpretada como una falta de respeto a la institucionalidad y una contradicción frente a lo que se ha declarado como la “principal prioridad de los chilenos”.