La resolución del tribunal de alzada se fundamenta en que la libertad de los involucrados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Según los antecedentes de la investigación, la banda operó de manera coordinada y sistemática entre los años 2023 y 2025, facilitando documentos oficiales a personas que no cumplían con los requisitos de idoneidad técnica ni legal exigidos por la normativa vigente.

El tribunal destacó que el riesgo de reiteración y la naturaleza organizada del grupo son factores determinantes para la medida.

Asimismo, advirtió sobre el peligro de obstrucción a la justicia, señalando que los imputados podrían alterar pruebas clave, tales como registros de comunicaciones en teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería, si permanecieran en libertad.

El impacto de este fraude no solo afecta la fe pública y el correcto funcionamiento administrativo, sino que representa una amenaza directa a la seguridad vial, al permitir que conductores no calificados operen vehículos de alta complejidad.

Con esta resolución, los cinco imputados deberán ingresar a recintos penitenciarios mientras se desarrolla el plazo fijado para la investigación.