La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó tres recursos de protección presentados contra la Municipalidad de Melipilla por la operación del exvertedero controlado de Popeta, hoy relleno sanitario, descartando la existencia de actos ilegales o arbitrarios por parte del municipio.

Las acciones judiciales, interpuestas por un grupo de particulares, buscaban la clausura del recinto, argumentando vulneraciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad física y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Sin embargo, el tribunal concluyó que no se acreditaron los requisitos necesarios para acoger los recursos, indicando además que no existe un derecho indubitado en los hechos denunciados, especialmente en lo relacionado con la propiedad del terreno.

Desde el municipio, el director jurídico Pablo Gutiérrez valoró la resolución, señalando que el fallo “reconoce que el municipio ha actuado dentro de sus competencias y conforme a la normativa vigente”, agregando que este tipo de materias debe ser analizado en instancias judiciales de fondo.

El vertedero de Popeta —actualmente en proceso de transición a relleno sanitario— recibe residuos domiciliarios de Melipilla, San Pedro y Alhué, beneficiando a más de 169 mil habitantes.

En ese contexto, el municipio recordó que en 2025 la autoridad sanitaria autorizó un plan de emergencia para asegurar la continuidad del servicio, ante el riesgo que implicaría la suspensión total del sistema de disposición de residuos.