La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la gestión de recursos destinados a seguridad ciudadana en la comuna de Padre Hurtado, lo que derivó en la instrucción de un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades al interior del municipio.

De acuerdo con el informe N°566, la administración encabezada por el alcalde Felipe Muñoz Heredia mantenía botones de pánico almacenados en cajas, sin identificación de inventario ni designación de un funcionario responsable de su custodia.

Pese a haber sido recepcionados entre diciembre de 2024 y enero de 2025, estos dispositivos no estaban operativos al momento de la fiscalización.

A ello se suma que, durante una inspección a la central de monitoreo comunal, se constató que los denominados “postes inteligentes” no transmitían imágenes en tiempo real, lo que incrementa el riesgo de no detectar delitos oportunamente y retrasa la reacción de los equipos municipales.

El informe también advierte que la Inspección Técnica del proyecto de televigilancia integral no certificó la calidad de las obras ni de los equipos instalados.

En esa línea, se detectó la ausencia de certificados eléctricos y de autorizaciones por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pese a que el sistema ya se encontraba en funcionamiento y había sido recepcionado provisoriamente sin observaciones. Incluso, se registraron modificaciones contractuales sin respaldo en las bases administrativas.

En materia financiera, la Contraloría evidenció una deficiente gestión de un contrato a suma alzada por más de $3.088 millones, el cual presentaba solo un 25% de avance financiero, a pesar de haber transcurrido 250 días desde el inicio de las obras y 130 días desde el vencimiento del plazo contractual, lo que refleja una falta de control por parte de la Dirección de Obras Municipales.

Finalmente, el organismo fiscalizador detectó que el municipio no acreditó la integración del sistema lector de patentes (LPR) con la API de Carabineros de Chile, herramienta clave para verificar en línea vehículos con encargo por robo.

Esta falencia obligaba a los operadores a realizar consultas manuales, aumentando el riesgo de errores y limitando la capacidad de respuesta ante múltiples llamadas simultáneas.

Las observaciones de la Contraloría evidencian fallas estructurales en la implementación del sistema de seguridad comunal, con impacto directo en la eficacia operativa y el uso eficiente de recursos públicos, quedando ahora en manos del sumario determinar responsabilidades administrativas.