A más de un mes del millonario fraude bancario que afectó a la Corporación Municipal de Talagante, el caso continúa generando repercusiones y cuestionamientos sobre los mecanismos de control interno que permitieron concretar el delito.
Aunque la investigación continúa bajo reserva y es dirigida por el Ministerio Público junto a las policías, persisten las interrogantes respecto de cómo se produjo la vulneración que terminó con la sustracción de 408 millones de pesos desde las cuentas de la entidad.
El hecho se registró el pasado 8 de mayo y fue informado oportunamente por el alcalde Sebastián Rosas al Concejo Municipal, además de ser denunciado ante la justicia para el inicio de las diligencias correspondientes.
Según los antecedentes conocidos, delincuentes lograron acceder a los fondos luego de obtener claves y datos sensibles relacionados con las cuentas bancarias administradas por la Corporación Municipal.
Con el paso de las semanas, nuevas informaciones han sumado controversia al caso. Investigaciones periodísticas revelaron que el entonces jefe de Finanzas de la Corporación Municipal había estado involucrado anteriormente en otro episodio relacionado con recursos públicos.
Se trata de una condena por defraudación fiscal ocurrida en 2016, cuando se desempeñaba en la Municipalidad de Zapallar, antecedente que incluso fue abordado en un reportaje emitido por el programa Informe Especial de TVN.
La situación fue abordada durante la sesión de Concejo Municipal realizada este miércoles, instancia en la que el concejal Andrés Llorente expresó su preocupación por el proceso de contratación del funcionario y por las atribuciones que mantenía dentro de la administración financiera de la corporación.
El edil cuestionó que una persona con antecedentes públicos relacionados con irregularidades en el manejo de recursos hubiese llegado a ocupar un cargo de alta responsabilidad, planteando dudas respecto de los procedimientos de selección y verificación de antecedentes aplicados por la institución.
Asimismo, manifestó inquietud por el nivel de acceso y control que el funcionario tenía sobre las cuentas y operaciones financieras, considerando la magnitud del perjuicio económico que terminó afectando a la corporación.
Mientras la investigación continúa avanzando, las autoridades mantienen la expectativa de esclarecer completamente los hechos, identificar a los responsables del fraude y determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los controles que fallaron al interior de la organización.
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