La delincuencia rural se ha instalado como una de las principales preocupaciones y las provincias de Talagante y Melipilla, no escapan a esta realidad.
Los productores advierten que los robos en campos y predios se han vuelto recurrentes, afectando directamente a una industria que mueve más de US$ 13.500 millones de dólares anuales.
Un estudio de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), a través del Barómetro de Robo Agrícola, reveló que un 77,4% de los agricultores encuestados fue víctima de delitos en los últimos 12 meses.
De ellos, un 43% sufrió tres o más episodios, mientras que un 9,7% enfrentó situaciones con violencia física.
Las pérdidas económicas son significativas: insumos agrícolas, instalaciones eléctricas, animales y maquinaria figuran entre los bienes más afectados.
El impacto proyectado alcanza los US$530 millones de dólares anuales, registrando un incremento del 39% respecto de la primera medición.
Ante este panorama, los agricultores han debido reforzar sus inversiones en seguridad y demandan mayores sanciones contra el hurto y la receptación de especies en el mercado informal.
La inseguridad rural ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una amenaza estructural que compromete la sostenibilidad del agro.
El desafío para las autoridades será responder con políticas efectivas que protejan a quienes sostienen una de las principales actividades económicas del país.