Los profesores del país han recibido con satisfacción la aprobación de la Ley de Titularidad Docente 2026, normativa que promete otorgar estabilidad laboral a miles de educadores que hasta ahora se desempeñaban bajo contratos a plazo fijo.
La ley, aprobada el 28 de enero y próxima a entrar en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial, probablemente en marzo, establece la titularidad automática para quienes acrediten cuatro años continuos o discontinuos de servicio en un período de seis años, sin importar la carga horaria.
Raúl González Jara, Presidente del gremio de Melipilla, nos comentó de la satisfacción de sus colegas asociados.
Entre los beneficios más destacados se encuentra la eliminación de la exigencia mínima de 20 horas semanales, lo que abre la posibilidad de titularidad a docentes con jornadas reducidas.
Asimismo, se reconoce la permanencia a quienes han trabajado bajo modalidad de contrata, sin necesidad de someterse nuevamente a concursos.
El presidente de los profesores de Melipilla, indicó que esto viene a beneficiar a los profesores a Contrata que eran los eslabones más débiles del sistema
Se estima que más de 27 mil profesores de educación parvularia, básica y media serán favorecidos con esta medida, consolidando un avance significativo en materia de estabilidad laboral.
Sin embargo, el gremio docente ha manifestado una inquietud: la posibilidad de que algunos sostenedores opten por despedir a los profesores antes de cumplir los cuatro años de servicio, particularmente al tercer año, con el fin de evitar que sean alcanzados por la nueva normativa.
Sobre esta inquietud, Raúl González, entregó su opinión a nombre del gremio docente.
La Ley de Titularidad Docente 2026 representa un hito en la búsqueda de estabilidad laboral para los educadores del país, al reconocer su trayectoria y eliminar barreras que históricamente han limitado su permanencia.
No obstante, la preocupación por eventuales despidos anticipados evidencia que la fiscalización y el compromiso de los sostenedores serán claves para que la normativa cumpla plenamente su objetivo.