El Gobierno del presidente Gabriel Boric reactivó en diciembre y enero el proceso de nombramiento de tres ministros para los tribunales ambientales de Santiago y Valdivia, lo que generó críticas por la tardanza de la medida. Las propuestas incluyen a Alejandra Figueroa y Ricardo Pérez para el tribunal de la capital, y a Andrés Bordalí para el de Valdivia, un año después de que la Corte Suprema enviara sus nominaciones al Ejecutivo.
La Comisión de Constitución del Senado comenzó recién esta semana a revisar las postulaciones, con especial urgencia en el caso de Ricardo Pérez, lo que abrió un debate político sobre la oportunidad y legitimidad de estas designaciones. Desde la oposición, la UDI acusó al Gobierno de intentar “amarrar” cargos clave en la recta final de su mandato.
El diputado Felipe Donoso, jefe de bancada de la UDI, cuestionó que el Ejecutivo no haya impulsado el proceso durante el año y lo haga ahora, a pocos meses de dejar el poder. Según señaló, se trata de una práctica que afecta la confianza en la democracia y busca asegurar decisiones judiciales futuras.
Por su parte, el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), calificó la acción como tardía y vergonzosa, pero aclaró que el Gobierno aún tiene la facultad legal de realizar las designaciones. La decisión final quedará en manos del Senado, que deberá evaluar la trayectoria de los nominados y definir si aprueba o rechaza sus nombramientos.