El pasado 24 de junio, el Juzgado de Letras de Melipilla notificó a la Municipalidad de Alhué sobre una medida de embargo judicial derivada de una deuda con la entidad financiera BCI Factoring S.A., por un monto ascendente a $101.365.152, más intereses y costas.
La diligencia se enmarca en la causa rol C-1140-2025, caratulada “BCI Factoring / Ilustre Municipalidad de Alhué”, correspondiente a un procedimiento ejecutivo.
La orden judicial requería el pago inmediato del monto adeudado por parte de la municipalidad, representada legalmente por la alcaldesa Marcela Chamorro Macías.
Ante el incumplimiento del pago, el receptor judicial José Ignacio Bustamante Gutiérrez practicó el embargo el 9 de julio sobre fondos municipales, dejándolos en calidad de depositario provisional y bajo responsabilidad legal.
Sin embargo, la medida fue impugnada por la abogada defensora de la municipalidad, Ángela Valdebenito Cárdenas, quien argumentó que el embargo resulta “irregular, ilegal y antijurídico”, contraviniendo el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley N°18.965).
Dicha norma establece que los bienes destinados a la prestación de servicios públicos o al cumplimiento de fines municipales son inembargables, salvo excepciones no aplicables al caso.
La abogada sostiene que el receptor judicial actuó fuera del marco legal, afectando el principio de legalidad y el interés público municipal.
El caso se mantiene en desarrollo, sin resolución definitiva sobre la legalidad del embargo ni sobre el compromiso de pago por parte del municipio.
Se espera que el tribunal evalúe los antecedentes y determine la procedencia de las medidas adoptadas.