A solo cuatro días de que venza el plazo fijado por la justicia, el Gobierno aún no logra alcanzar un acuerdo con los propietarios de los terrenos donde se emplaza la megatoma de San Antonio, en el Cerro Centinela, Región de Valparaíso.
El miércoles 27 de agosto se cumple la fecha límite para ejecutar la sentencia de desalojo, que afecta a más de 11 mil personas que habitan en las 250 hectáreas tomadas. La erradicación había sido pospuesta en febrero, tras un entendimiento inicial entre el Ejecutivo y los dueños, que permitió fijar la tasación del terreno y abrió la puerta a soluciones habitacionales.
Como alternativa, el Ministerio de Vivienda (Minvu) impulsó la creación de cooperativas para que las familias accedan a la propiedad a través de créditos y cuotas. Sin embargo, según La Tercera, las conversaciones que cada martes se desarrollan en la oficina del Minvu en San Antonio no han llegado a un resultado concreto.
El alcalde de la comuna, Omar Vera, advirtió que “el 27 de agosto vence el plazo para que la mesa instalada en el Minvu entregue luces de un posible acuerdo entre las partes para resolver la megatoma de San Antonio en el cerro Centinela, y todavía no vemos que se haya concretado”.
El principal punto de conflicto radica en la ausencia de un documento oficial que garantice que el Banco Estado será la entidad que financiará a las cooperativas. Para los propietarios, este compromiso es indispensable, pero hasta ahora solo se han mantenido conversaciones informales con la institución.
Además, tampoco existe claridad respecto a un eventual aval en caso de incumplimiento de pago por parte de las cooperativas, lo que mantiene trabadas las negociaciones.
Si el próximo miércoles no se alcanza un entendimiento, los dueños deberán notificar a la Corte de Apelaciones de Valparaíso mediante un “téngase presente” y solicitar la ejecución del desalojo. Esto activaría una nueva mesa, en la que participarían el Ministerio de Seguridad, la Delegación Provincial y las municipalidades de San Antonio y Cartagena.
El desalojo de la megatoma ha sido aplazado en varias ocasiones: en noviembre de 2024 el Gobierno pidió una prórroga y, pese a que la orden judicial se había fijado para el 31 de enero de este año, su cumplimiento fue nuevamente pospuesto.