El proceso abierto ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) contra el Gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego, continúa su curso con nuevos antecedentes y declaraciones que podrían marcar un punto de inflexión en la política regional.
La semana pasada, los consejeros regionales Cristina Soto y Javier Ramírez prestaron testimonio nuestras emisoras en el marco de sus posturas totalmente diferentes ante el tema.
La acción fue impulsada por el Partido Republicano y la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes acusan al gobernador de notable abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa, en base a informes de la Contraloría que revelan presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos para fines electorales.
La resolución que emita el TRICEL será clave no solo para la continuidad de Orrego en el cargo, sino también para el desarrollo de los proyectos regionales actualmente en carpeta.
En el Consejo Regional y en el Congreso, el caso ha generado expectación y divisiones, con sectores oficialistas defendiendo la presunción de inocencia y otros exigiendo responsabilidades políticas inmediatas.
En ese contexto, el diputado Juan Irarrazabal (Partido Republicano) se refirió públicamente al proceso:
El parlamentario por la zona, señaló que el gobernador ha desplegado una estrategia de “pirotecnia política”, realizando visitas a comunas y solicitando respaldo público de alcaldes.
Según Irarrazabal, estas acciones responden a una lógica de presión política, donde las ayudas regionales se entregan según las convicciones del gobernador y no en función de las necesidades expresadas por los municipios.
El parlamentario también confirmó que su colectividad, junto a la UDI, logró reunir sin dificultades las firmas necesarias para presentar el requerimiento ante el TRICEL.
No obstante, advirtió que esperan además el pronunciamiento de la justicia ordinaria, dado que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para una investigación penal por presunto uso indebido de fondos públicos.
Mientras el equipo jurídico de Orrego, encabezado por el abogado Ciro Colombara, prepara su defensa, el gobernador ha calificado la ofensiva como un “aprovechamiento político-electoral” y ha reafirmado su compromiso con la gestión regional.
La decisión del TRICEL se espera en las próximas semanas y podría tener consecuencias profundas en el mapa político metropolitano.