Tras la publicación de una auditoría global de la Contraloría General de la República (CGR) a los estados financieros de 73 entidades públicas, la Municipalidad de Melipilla ha quedado en el centro de la noticia.
El organismo fiscalizador detectó anomalías que ascienden a poco más de $43.000 millones de pesos en dicha casa edilicia, antecedentes que ya fueron derivados al Ministerio Público para investigar posibles delitos.
Ante este escenario, la actual administración municipal, encabezada por la alcaldesa Paula Gárate, emitió una aclaración señalando que estas observaciones corresponden a un “desorden administrativo heredado” de la gestión anterior (periodo 2020-2024).
En respuesta a la información difundida, la exalcaldesa Lorena Olavarría emitió el siguiente comunicado público:
Melipilla, 26 de diciembre 2025
Comunicado Público
“Ante la información publicada por los medios de comunicación sobre la fiscalización de los estados financieros de 73 entidades públicas, incluyendo la Municipalidad de Melipilla, declaro lo siguiente:
El Informe Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2/2025) de la Contraloría General expone la situación económica, patrimonial y presupuestaria de diversas entidades públicas, incluidas municipalidades.
Aunque es reservado, los antecedentes entregados por la prensa sugieren que se trata de lo referido en el Informe N°359 de 2023, que aborda materias de la Municipalidad de Melipilla entre los años 1997 y 2022.
Este informe no refiere a desfalco de recursos municipales, sino más bien trata de inconsistencias, omisiones y debilidades de control interno, cuestión que fue abordada y corregida en gran medida por nuestra administración entre los años 2023 y 2024.
Más aún, entregamos a Contraloría todos los antecedentes disponibles hasta esa fecha, detectando incluso de manera interna irregularidades relacionadas con los permisos de circulación y recuperación de pagos de licencias médicas, razón por la que presentamos una querella en el Juzgado de Garantía de Melipilla con fecha 12 de enero de 2024 la que fue admitida a tramitación e instruimos investigaciones sumarias para esclarecer los hechos ante las faltas administrativas evidenciadas.
El cuidado de las instituciones públicas es una tarea permanente, y en los tres años y medio de mi periodo como alcaldesa, velamos por la correcta ejecución de los recursos y el ordenamiento de cada unidad.
Fiel reflejo de ello es el informe de la Dirección de Control de febrero de 2025, que dan cuenta que como administración redujimos más de $2.500.000.000 del total de la deuda con la que recibimos el municipio el 2021.
El rol fiscalizador que ejerce Contraloría en Chile es ejemplar, y constituye una garantía para la democracia y la probidad. Lamentamos que algunos busquen sacar provecho político de las instancias de fiscalización institucional.
Por nuestra parte, seguiremos disponibles para aportar cualquier antecedente que se nos solicite, como ha sido hasta ahora”, finaliza el comunicado publicado por la exalcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría