Lo que antes se consideraba un delito aislado, hoy se ha transformado en una operación logística de bandas organizadas que mantiene en jaque la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Según el último reporte anual de la distribuidora CGE, entre enero y diciembre de 2025 se registró la alarmante cifra de 1.426 eventos de robo de cables, lo que representa prácticamente el doble de los incidentes ocurridos el año anterior.
La magnitud del daño es geográfica y técnica: se sustrajeron 420 kilómetros de cable de cobre, una extensión equivalente a la distancia lineal entre Santiago y Chillán.
Este volumen de material robado no solo es una pérdida material para la empresa, sino que se traduce en una interrupción crítica del servicio para 265.487 clientes, quienes han visto afectada su calidad de vida y la continuidad de su suministro eléctrico.
Una de las comunas más afectadas, es la de san Bernardo, así lo explicó Francisco Jaramillo, director general zonal de CGE
La comparación con las cifras de 2024 es demoledora. Mientras que en ese periodo se registraron 774 eventos y 225 kilómetros sustraídos, el 2025 cerró con un crecimiento exponencial tanto en frecuencia como en violencia.
Este incremento evidencia que no se trata de delincuencia común, sino de estructuras criminales con capacidad de acopio y comercialización.
Un hito clave en el combate a estos ilícitos ocurrió en junio del año pasado, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó un masivo operativo en la Región Metropolitana.
En dicha instancia, se logró la incautación de más de siete toneladas de cable, pertenecientes exclusivamente a instalaciones de CGE, desnudando la infraestructura que estas bandas utilizan para reducir el material.
En las zonas rurales y semiurbanas de las provincias de Melipilla y Talagante, donde CGE es el principal proveedor, el impacto es especialmente sensible.
Francisco Jaramillo, señaló que se han comunicado con las juntas de vecinos para explicar la situación que están viviendo.
El robo de conductores eléctricos en estas zonas no sólo deja a oscuras los hogares, sino que afecta el funcionamiento de servicios básicos, sistemas de agua potable rural y la actividad agrícola, motores económicos de la zona.