Tras el informe emitido por la Contraloría General de la República, que evidenció la ausencia de un plan de contingencia en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para enfrentar reclamos masivos, parlamentarios de distintas bancadas expresaron críticas al funcionamiento del organismo y solicitaron ampliar las facultades de las agrupaciones ciudadanas en materia de defensa al consumidor.
Los diputados Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) y Camila Musante (IND-PPD), parlamentaria por nuestro distrito, coincidieron en que las deficiencias detectadas por el ente fiscalizador reflejan una limitada capacidad institucional para responder ante situaciones de emergencia, como el reciente apagón eléctrico que afectó a gran parte del país.
Mulet señaló que existen antecedentes que ponen en duda la eficacia del Sernac, especialmente durante la contingencia energética, donde se habrían registrado denuncias internas sobre la manipulación o desvío de llamados y reclamos.
En ese contexto, propuso que las organizaciones privadas como Conadecus puedan ejercer acciones legales de manera más activa, sin depender exclusivamente de las gestiones del Estado.
El parlamentario también planteó que permitir demandas colectivas por parte de agrupaciones con capacidad técnica fortalecería la defensa de los consumidores, evitando que la centralización de atribuciones en el Sernac limite la participación de actores civiles.
Por su parte, la diputada Musante criticó la falta de herramientas del organismo para enfrentar abusos por parte de empresas eléctricas, calificando la situación como insostenible.
Afirmó que, mientras las familias enfrentan tarifas elevadas, no existe una entidad con atribuciones suficientes para representarlas de manera efectiva.
La legisladora también cuestionó la falta de acuerdos entre el Ministerio de Energía y las compañías del sector, lo que, a su juicio, agrava el escenario de vulnerabilidad para los usuarios.
Ambos parlamentarios coincidieron en la necesidad de revisar el marco legal vigente y fortalecer tanto al Sernac como a las organizaciones ciudadanas, con el objetivo de mejorar la protección de los derechos de los consumidores en contextos de alta demanda y conflicto.
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