El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago salió al paso de las acusaciones presentadas por representantes del Partido Republicano ante la Contraloría General de la República, quienes cuestionaron la gestión del gobernador Claudio Orrego en relación al uso del Fondo de Apoyo al Transporte Público y Conectividad Regional
La denuncia fue ingresada por el diputado de este distrito Juan Irarrázaval Rossel, junto a un grupo de consejeros regionales, entre los que se encuentra, Javier Ramírez de nuestra provincia, quienes sostienen que más de $45 mil millones del fondo no han sido ejecutados durante el presente periodo presupuestario.
El requerimiento se fundamenta en informes oficiales del Ministerio de Hacienda y del propio Gobierno Regional, en los que se detalla el estado de avance de los recursos asignados.
Desde el Gobierno Regional, se atribuye la falta de ejecución a modificaciones legales que restringen el uso de los fondos.
En particular, se señala que la Ley N° 21.692 cambió el enfoque del fondo, limitando su aplicación exclusivamente a iniciativas vinculadas al transporte, lo que ha dejado fuera una serie de proyectos de interés para las comunas rurales.
La administración regional sostiene que esta nueva normativa ha generado dificultades para financiar necesidades históricas de los territorios más alejados del centro urbano, y que la situación ha sido abordada en instancias de coordinación con el Gobierno Central, ministerios sectoriales, la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (AGORECHI).
Cristina Soto, Consejera regional por la provincia, defendió la postura del gobierno regional y atacó la postura de Los Repúblicanos y otros consejeros de la derecha:
El Gobierno Regional también aclaró que el presupuesto se ejecuta hasta el 31 de diciembre de cada año, y que aún se encuentra dentro del plazo legal para avanzar en la implementación de los proyectos comprometidos.
Además, se destacó el trabajo conjunto con los municipios rurales para asegurar que los recursos disponibles puedan ser utilizados de manera efectiva, pese a las restricciones actuales.
La controversia se suma a otros cuestionamientos que han surgido en torno a la gestión del Gobierno Regional, en medio de un clima de fiscalización activa por parte de sectores de oposición. Mientras tanto, el proceso administrativo ante Contraloría continúa en desarrollo.