El concejal de El Monte, Osvaldo Azócar, con el respaldo de las concejalas Beatriz Theiler e Isabel Vidal presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República con el objetivo de esclarecer eventuales responsabilidades administrativas en la pérdida de mobiliario y equipamiento entregado por el Ministerio del Deporte a la Municipalidad.
La situación se origina en el marco de la distribución de recursos a comunas vulnerables tras la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2023, instancia en la que El Monte fue beneficiada con diversos elementos como muebles, televisores, toallas, escaños, bancas y sillas.
Según explicó el Concejal Azócar, el proceso se inició mal, ya que para almacenar lo donado, debieron quitarle el gimnasio municipal a las organizaciones deportivas.
La denuncia se fundamenta en discrepancias detectadas entre el inventario informado por la municipalidad y el listado oficial remitido por el Ministerio del Deporte, obtenido vía Ley de Transparencia.
Las diferencias en las cantidades de artículos recibidos y reportados generaron cuestionamientos sobre el destino real del equipamiento.
Según lo expuesto en sesión de Concejo, la administración municipal atribuyó la pérdida de parte del mobiliario a robos ocurridos en la bodega de almacenamiento, aunque no se presentaron antecedentes formales que acreditaran denuncias policiales ni informes de fiscalía que respaldaran dicha versión.
Durante el proceso de revisión, se constató además que parte del equipamiento se encuentra distribuido en oficinas municipales, sin haber sido entregado a organizaciones comunitarias o vecinos, lo que contraviene el propósito original de la asignación.
A esto se suma que el informe oficial emitido por la municipalidad fue suscrito por un funcionario que, según resolución de Contraloría, no estaría habilitado para ejercer el cargo señalado en el documento, lo que añade un elemento adicional a la solicitud de fiscalización.
El concejal Azócar indicó que, una vez que la Contraloría emita su dictamen, se evaluará la presentación de una denuncia formal ante el Poder Judicial, con el fin de determinar con precisión el destino del mobiliario faltante y establecer las responsabilidades correspondientes en el manejo de recursos públicos.