La tragedia ocurrida hace unos días en la población Teniente Merino, donde un incendio en un inmueble precario cobró la vida de cuatro menores de nacionalidad boliviana, ha desnudado una realidad crítica en Melipilla: el hacinamiento extremo y la proliferación de “guetos” bajo un modelo de negocio abusivo.
La alcaldesa de la comuna, Paula Gárate, se refirió enérgicamente a la situación de habitabilidad que enfrentan cientos de migrantes, muchos de ellos en situación irregular.
Denunció “precios usureros” cobrados por dueños de viviendas que aprovechan la falta de documentación de los extranjeros para evadir regulaciones, generando sectores que operan fuera de toda norma urbanística.
Gárate fue enfática en señalar que estos siniestros no son accidentes aislados, sino la consecuencia directa de una sobrecarga eléctrica en instalaciones que no están diseñadas para soportar tal densidad poblacional.
Además, muchos de estos asentamientos nacieron de forma irregular, careciendo de estándares básicos de urbanización.
Uno de los puntos más complejos es la capacidad del municipio para intervenir. Gárate explicó que, aunque cuentan con un plan de fiscalización que se intensificará en 2026, las herramientas legales son limitadas, ya que no pueden ingresar a propiedades privadas sin una orden judicial.
Finalmente, la autoridad comunal hizo un llamado a establecer lineamientos claros desde el gobierno central. Propuso la implementación de visas temporales de trabajo, similares a las planteadas por el presidente electo José Antonio Kast, para que la población migrante pueda estar bajo supervisión y acceder a servicios básicos de manera formal, evitando que queden a merced de la clandestinidad.
La tragedia de las niñas bolivianas en la población Teniente Merino ha puesto en marcha un compromiso de fiscalización y toma de conciencia que, según la alcaldesa, será la prioridad para el ciclo que comienza, apelando también a la responsabilidad de los vecinos de Melipilla para denunciar estos abusos.
Imagen referencial.-