Durante una reciente jornada de participación ciudadana organizada en el salón de actos de la Municipalidad de Talagante, el alcalde Sebastián Rosas manifestó su disconformidad con el avance del proyecto “Ruta 78 Fase 2: Tramo Santiago – San Antonio”, actualmente en evaluación dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
La instancia contó con la presencia de vecinos de sectores colindantes a la vía concesionada, funcionarios municipales y concejales.
El edil cuestionó que las observaciones realizadas en fases anteriores del proyecto no han sido incorporadas por la concesionaria, lo que genera inquietud respecto a los efectos que la obra podría tener sobre la calidad de vida de los residentes.
En respuesta, anunció la habilitación de dos jornadas de atención especial para que los vecinos puedan presentar sus observaciones, una programada para la próxima semana y otra posterior a las elecciones, ambas en el mismo recinto municipal y con apoyo de los equipos de medio ambiente y jurídico.
La ausencia de representantes de la Inspección Fiscal o de la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas fue notoria durante la sesión, generando cuestionamientos entre los asistentes.
El proyecto, adjudicado en marzo de 2022 a la empresa española Sacyr, contempla una concesión hasta el año 2052 y abarca un tramo de 109 kilómetros entre Santiago y San Antonio.
En su fase actual, considera la ejecución de 210 obras nuevas, entre ellas:
10 nuevos enlaces y mejoramiento de otros 9 existentes, 4 puentes nuevos o mejorados, junto a 4 retornos adicionales, 29 kilómetros de terceras pistas con mejoras en bermas, 49 kilómetros de calles de servicio nuevas o rehabilitadas.
30 nuevos paraderos y 18 pasarelas peatonales, además de la mejora de otras 13, Nueva área de servicios y Tenencia de Carabineros en Malvilla, Mejoras en la Tenencia de Carabineros El Paico y en la Plaza de Pesaje de El Monte, Construcción de ciclovías en Malloco, Talagante y Santa Julia, Melipilla.
La evaluación ambiental en curso busca determinar los impactos que estas obras podrían generar en la salud de la población y el entorno, etapa clave antes de su eventual ejecución.