El Ministerio de Vivienda y Urbanismo desestimó las acusaciones de estafa formuladas en una querella presentada por pobladores de la denominada megatoma de San Antonio.
La acción judicial fue ingresada en diciembre por el Movimiento Pobladores Organizados, apuntando al ministro Carlos Montes, a la delegada del Minvu en la zona, Gloria Maira, y al delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme.
Los dirigentes sostienen que las autoridades impulsaron un acuerdo habitacional considerado unilateral e injustificado, pese a las negociaciones previas en que se habría comprometido la totalidad de los terrenos para un proyecto de vivienda social.
Verónica Morales, presidenta de la Cooperativa Nuevo Futuro, conversó con nuestros colegas y amigos de Canal 2 de San Antonio y explicó la razón de la demanda.
La demanda fue acogida por tribunales y expone la situación de familias que, tras el desalojo, permanecen en carpas y a la intemperie, en un contexto que se vuelve más complejo con el inicio del año escolar.
Desde la mesa técnica que negoció con el Serviu, el asesor Gustavo Sepúlveda explicó los alcances de la querella y los argumentos que sustentan la acción legal.
El Ministerio, en tanto, defendió la validez del plan habitacional y rechazó categóricamente las acusaciones, reafirmando que las gestiones se han realizado conforme a la normativa vigente.
El conflicto por la megatoma de San Antonio abre un nuevo capítulo judicial, enfrentando a dirigentes sociales y autoridades del Minvu en torno a la legitimidad de los acuerdos habitacionales.
Mientras la querella avanza en tribunales, la tensión se mantiene entre las expectativas de las familias afectadas y la defensa institucional del ministerio.