El panorama vial en Chile ha dado un giro definitivo este 2026 con la implementación de una serie de reformas estructurales a la Ley de Tránsito.
Bajo el impulso de la Ley Jacinta, el país busca frenar la siniestralidad mediante un sistema de control mucho más riguroso que no solo apela a la responsabilidad del conductor, sino que otorga herramientas críticas a las autoridades para limpiar las calles de vehículos que no cumplan con la norma.
Uno de los pilares más comentados es el nuevo requisito para la obtención y renovación de la licencia de conducir.
Ahora, todo postulante debe presentar una declaración jurada de salud que acredite su idoneidad física y psíquica.
Este documento no es un mero trámite: las autoridades han advertido que la falsificación de esta información conlleva multas severas y la cancelación definitiva del permiso para manejar, elevando el estándar de honestidad detrás del volante.
En cuanto a la fiscalización en ruta, Carabineros de Chile ha visto fortalecida su autoridad.
A partir de este año, los uniformados están facultados para el retiro inmediato de circulación de vehículos que presenten irregularidades graves: falta de permiso de circulación, revisión técnica vencida o la ausencia del SOAP.
Asimismo, se ha declarado “tolerancia cero” a las patentes ocultas o adulteradas y al uso de focos o luces adicionales no permitidos por la normativa técnica.
La nueva normativa pone un énfasis especial en la protección de los más vulnerables.
En el ámbito de las motocicletas, queda estrictamente prohibido el traslado de niños menores de 12 años;
Además, cualquier acompañante mayor de esa edad deberá viajar sentado y con los pies correctamente apoyados.
Paralelamente, el Seguro Obligatorio (SOAP) ha experimentado una actualización necesaria por parte de la Comisión para el mercado financiero, aumentando su cobertura a 600 UF en caso de muerte o incapacidad permanente, asegurando un respaldo económico más sólido ante tragedias.
Las reformas de 2026, encabezadas por la Ley Jacinta, marcan un cambio de paradigma en Chile: conducir ya no se percibe sólo como un derecho, sino como una responsabilidad civil de alto estándar.
Si bien la prórroga de licencias vencidas en 2025 y 2026 otorga un respiro a las direcciones de tránsito municipales, el mensaje del legislador es claro: el control sobre el estado mecánico del vehículo y la salud del conductor será más estricto que nunca.
El éxito de estas medidas dependerá ahora de la rigurosidad en la fiscalización y del compromiso ciudadano por habitar vías más seguras.