A partir del 1 de marzo de 2026, entrará en vigor en Chile la normativa que restringe de forma estricta el uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos, tales como tablets y smartwatches, para estudiantes desde prekínder hasta cuarto medio.
La medida rige durante toda la jornada escolar, incluyendo los periodos de recreo, y tiene como objetivos principales reducir el ciberacoso, evitar distracciones en el aula y mejorar los indicadores de convivencia escolar.
La ley mandata a todos los establecimientos educacionales del país a ajustar sus reglamentos internos para dar cumplimiento a la prohibición.
No obstante, se contemplan excepciones específicas: el uso de estos dispositivos solo se autorizará ante emergencias, razones de salud debidamente certificadas, monitoreo de necesidades educativas especiales o bajo indicación directa de un docente para fines pedagógicos explícitos.
Respecto a la implementación, el presidente del Colegio de Profesores de Melipilla, Raúl González Jara, señaló que diversos colegios de la zona ya aplicaban medidas similares de forma interna.
Sobre la operatividad de la ley, González manifestó que la normativa debería contemplar personal administrativo específico para la supervisión de estos equipos, argumentando que no debería recaer en el cuerpo docente la responsabilidad de custodiar o fiscalizar el uso de los celulares, con el fin de evitar conflictos directos en el aula.
El docente dijo que era complicado quitarle estos elementos a los alumnos, ya que puede producir un conflicto que habitualmente escala hasta los apoderados que no entienden que es una ley obligatoria.
Agregó que lo importante es que se realice una intensa campaña de difusión para socializar esta medida.
La puesta en marcha de esta ley representa un cambio estructural en la cultura escolar chilena, alineando al país con tendencias internacionales que buscan proteger el entorno de aprendizaje.
El éxito de la medida dependerá de la capacidad de los establecimientos para mediar en los posibles focos de conflicto entre estudiantes y autoridades, y de la definición clara de quién será el responsable de la fiscalización, tal como ha planteado el gremio docente para resguardar la labor pedagógica en el aula.