La Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió este miércoles que tanto la Municipalidad de San Antonio como diversos ministerios del Gobierno deben ejecutar el desalojo de la megatoma ubicada en el cerro Centinela, en un plazo máximo de 30 días corridos.
La medida responde al fallo dictado por la Corte Suprema el pasado 22 de marzo, que instruye el retiro de los ocupantes del terreno.
El pronunciamiento judicial involucra al Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Bienes Nacionales y Ministerio de Desarrollo Social y Familia, además del municipio local, quienes deberán coordinar acciones para cumplir íntegramente con la resolución.
El alcalde de San Antonio, Omar Vera Castro, confirmó que el municipio ya está trabajando en el tema, evaluando alternativas para la instalación de albergues y reafirmando la disposición de acatar lo determinado por el tribunal.
Actualmente, en el sector habitan cerca de 10 mil personas, lo que convierte el proceso de desalojo en un desafío logístico y social de gran magnitud para las autoridades y que de acuerdo a lo determinado por el tribunal, tiene plazo máximo al 4 de diciembre.
La medida plantea interrogantes sobre el destino de las familias afectadas y la capacidad institucional para abordar la situación con enfoque humanitario y orden público.