Una publicación del diario El Mercurio reveló que el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una reducción de 30 mil subsidios habitacionales a nivel nacional, lo que ha generado inquietud entre los comités de vivienda que llevan años gestionando el acceso a una casa propia.
La noticia ha tenido especial repercusión en comunas como Melipilla, donde el déficit habitacional es reconocido por autoridades y organizaciones locales.
Según información recopilada en terreno, actualmente existen 64 comités registrados en Melipilla, mientras que otros 75 grupos presentan una situación incierta debido a la falta de información formal sobre su estado o continuidad.
Esta fragmentación administrativa y la ausencia de seguimiento institucional dificultan la planificación y el acceso a políticas públicas de vivienda.
El ex concejal Darío Jérez, quien asesora directamente a un comité y mantiene vínculos de trabajo con otros nueve, manifestó su preocupación por el impacto que tendrá el recorte presupuestario en los procesos de postulación.
A su juicio, existe una falta de compromiso transversal de los estamentos públicos con los comités habitacionales, lo que impide enfrentar de manera efectiva el déficit de viviendas en la comuna.
Jérez también denunció que más del 60% de las viviendas construidas en Melipilla han sido arrendadas o vendidas, lo que, según él, distorsiona el objetivo social de los subsidios habitacionales.
Además, acusó a algunas Empresas de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) de interferir en el trabajo de los comités, captando postulantes de forma directa y debilitando la organización comunitaria.
El caso expone la necesidad de revisar los criterios de asignación de subsidios y fortalecer el rol de los comités como actores legítimos en la planificación habitacional.
Desde distintos sectores se ha comenzado a plantear la urgencia de una política comunal de vivienda que permita articular esfuerzos, garantizar transparencia en los procesos y priorizar a quienes han mantenido una trayectoria activa en la gestión de su proyecto habitacional.
El recorte presupuestario, sumado a la falta de información y coordinación local, configura un escenario complejo para cientos de familias que aún esperan una solución definitiva a su necesidad de vivienda.