Este miércoles por la mañana, el Sindicato de Profesores del Liceo de Talagante (SILITAL) emitió una declaración en el contexto del inicio del juicio por desafuero que enfrenta la profesora Georgina Farías, cuya primera audiencia se realizó el lunes en el Juzgado de Talagante.
La presidenta del sindicato, Daniela Aspeé, explicó que la organización decidió intervenir públicamente en defensa de los docentes que figuran como testigos en el proceso judicial, y que en su momento presentaron denuncias por acoso laboral contra la exfuncionaria.
SILITAL, que agrupa a 54 docentes del establecimiento, sostuvo que la desvinculación de Farías no obedeció a razones sindicales, sino a hechos de carácter estrictamente laboral, los cuales fueron investigados mediante un sumario administrativo.
Según Aspeé, los antecedentes del caso evidencian el impacto emocional que vivieron los profesores involucrados, quienes hoy enfrentan cuestionamientos públicos por parte de la organización que respalda a la docente desaforada.
Dijo que el acoso contra de sus asociados comenzó hace varios años y aún se mantiene.
La presidenta del sindicato lamentó que se continúe poniendo en duda la idoneidad profesional de los docentes que presentaron las denuncias, asegurando que todos cuentan con las competencias necesarias para ejercer su labor y que ello está respaldado por documentación oficial y que bajo ninguna circunstancias están siendo utilizados por la Corporación de educación de Talagante en el juicio.
Asimismo, la presidenta del Sindicato de Profesores del liceo de Talagante, reafirmó el compromiso del sindicato de acompañar a sus asociados durante el desarrollo del juicio, con el objetivo de resguardar su integridad y reputación.
La declaración de SILITAL marca un punto de inflexión en el proceso judicial que involucra a la profesora Georgina Farías, al posicionar públicamente al sindicato en defensa de sus asociados.
El pronunciamiento busca reafirmar la legitimidad de las denuncias presentadas y proteger la imagen de los docentes del Liceo de Talagante, en medio de un conflicto que ha trascendido el ámbito interno y se proyecta en instancias judiciales.
El caso continúa en desarrollo, con nuevas audiencias programadas y un entorno institucional atento a su desenlace.