Se confirmó la clausura de un criadero clandestino de gallos de pelea en la comuna de Talagante, tras un operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), personal municipal, la Delegación Presidencial Provincial y profesionales veterinarios de una universidad.
La acción se originó a partir de una denuncia presentada por vecinos ante el Ministerio Público.
El procedimiento permitió el ingreso de la PDI a un sitio ubicado en las cercanías del Estadio Municipal, donde se encontraron más de 200 gallos de pelea, junto a productos para aumentar su agresividad y elementos utilizados para realizar combates.
Varias de las aves presentaban lesiones visibles y se mantenían en jaulas de reducido tamaño.
En el marco del operativo fueron detenidas dos personas adultas, quienes fueron puestas a disposición del tribunal correspondiente.
La Delegación Presidencial de Talagante estuvo a cargo de la coordinación interinstitucional del procedimiento.
Cristóbal Urbano, jefe de gabinete de la delegación presidencial de Talagante, entregó detalles del operativo:
Como importante antecedente, señalemos que desde 2009, Chile cuenta con la Ley N° 20.380 sobre Protección de los Animales, que establece principios generales de bienestar animal y sanciona el maltrato.
El artículo 291 bis del Código Penal tipifica como delito cualquier acto que provoque sufrimiento innecesario a un animal.
Aunque la ley no prohíbe explícitamente las peleas de gallos, sí considera delito aquellas prácticas que causen daño o dolor evitable, especialmente si no se realizan bajo condiciones reglamentadas.
En años recientes, se han presentado mociones parlamentarias para modificar el artículo 291 bis y prohibir expresamente las peleas de animales con intervención humana, incluyendo las de gallos y perros. Sin embargo, estas propuestas aún no han sido aprobadas como ley.
El SAG, como autoridad competente, fiscaliza el cumplimiento de la normativa en recintos donde se mantengan animales, y puede intervenir en casos que infrinjan los principios de bienestar establecidos por la ley.