La detención de uno de los implicados en el asesinato del ingeniero Michael Espinoza, ocurrido en Curacaví, ha desatado una controversia institucional que involucra al Ministerio Público y al alcalde de la comuna, Christian Hernández.
El foco del conflicto: la forma en que se concretó la entrega del sospechoso confeso a Carabineros.
Durante la madrugada, el alcalde Hernández acudió al domicilio del joven implicado tras recibir una llamada de la madre del sujeto, quien alertó sobre un posible intento de suicidio. Así lo explicó el alcalde.
Según relató el edil en entrevista a nuestra emisora, donde los servicios de emergencia son limitados, no es inusual que autoridades locales sean contactadas directamente ante situaciones críticas.
Fue en ese contexto que, ya en presencia de la familia, el joven confesó su participación en el crimen. Ante la falta de respuesta del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), Hernández decidió trasladarlo personalmente a la unidad de Carabineros, asegurando que se tomaron todas las medidas necesarias para resguardar la integridad del detenido.
La intervención del alcalde ha sido cuestionada por el Ministerio Público, que enfatizó la necesidad de respetar las competencias de las instituciones encargadas de la investigación penal.
La fiscalía expresó su molestia por lo que considera una intromisión en procedimientos que deben ser conducidos por organismos especializados.
Ante las críticas, Hernández defendió su actuar señalando que su intención fue colaborar en la resolución del caso y evitar que el joven atentara contra su vida.
“Cinco de los implicados están detenidos. Eso es lo que importa”, afirmó, al tiempo que reconoció la importancia de que las instituciones cumplan sus funciones conforme a la Constitución y las leyes.
El caso sigue en desarrollo, y se espera que en los próximos días se clarifiquen los procedimientos adoptados y se evalúe el impacto de esta mediación en el curso de la investigación judicial.