74 mil melipillanos serán beneficiados con nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales

 

Más de 74 mil personas, usuarios de las APR de las cinco comunas que componen la provincia de Melipilla, serán beneficiadas con la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto de ley sobre Servicios Sanitarios Rurales, informó la gobernadora de la provincia de Melipilla, Cristina Soto Messina.

Explicó que con esta aprobación unánime en la Cámara Baja, se despachó el proyecto de ley, que favorecerá a un millón 700 mil chilenos y chilenas que se abastecen por este tipo de sistemas de agua potable rural en el país.

Cristina Soto indicó que esta iniciativa crea una nueva institucionalidad que fortalecerá las organizaciones comunitarias que  administran los APR e incorpora el saneamiento de las aguas para éstos. No sólo impone derechos y deberes a los usuarios, comités y  cooperativas que administran los APR, sino que fortalece la institucionalidad del Estado para entregar un mejor servicio.

Asimismo, destacó que este proyecto  había sido ingresado al Congreso en el año 2008 durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.

El Programa de Agua Potable Rural, APR, se inició en Chile en 1964, en la administración del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, teniendo más de 52 años de vida y es un programa de alto impacto social.

Actualmente existen en Chile 1.736 sistemas de agua potable rural, con una población favorecida de alrededor de 1.700.000 habitantes, lo que da cuenta de su importancia en el abastecimiento de agua potable rural del país.

Cabe destacar que este proyecto es aún más potente debido a las condiciones de creciente sequía que se están enfrentando producto de los cambios climáticos.

La gobernadora sostuvo que el Estado ha desarrollado infraestructura en servicios de Agua Potable Rural por una cifra cercana a US$ 1.500 millones, en los últimos años,  -un 90% de ello desde que el programa pasó al MOP, en 1994-, pero las normas legales por la cual se rigen los sistemas de APR, no permitían avanzar a un mayor desarrollo de estos servicios y, por lo mismo, de las organizaciones de la comunidad que los administran.

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